II MARCHA POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS INVISIBLES

“NECESITO QUE TÚ ME HAGAS VISIBLE, VEN”

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La idea de esta marcha surgió en 2016 como forma de dar visibilidad a los más de 15.000 niños y niñas que crecen en centros de protección tutelados por la administración, siendo uno de los derechos internacionales que celebramos el día 20 de Noviembre en todo el mundo el derecho a crecer en una familia.

A estos niños y niñas les hemos llamado NIÑOS INVISIBLES porque la sociedad española desconoce, y mira hacia otro lado, ante esta realidad. España es un país  solidario y, de conocerse más la situación y viviencias de estos menores,  se aumentaría el número de familias dispuestas a acoger y con ello se reduciría el número de menores en los centros.

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Los niños son el futuro y deseamos que ese futuro esté lleno de hombres y mujeres solidarias que aprendieron en su infancia y adolescencia que tienen los mismos derechos. Que crecieron en familias donde se les animó y permitió vivir acorde a su edad. Que se intentó reparar el daño vivido.

Las asociaciones AFASEGO Y CAMINANTES organizaron esta marcha con la intención de repetirla año tras año, sumando a todas las asociaciones que trabajamos por los derechos de la infancia, así como a la ciudadanía de nuestra ciudad, bajo un mismo objetivo:  luchar por los derechos y el futuro de nuestros niños y niñas.

Este año la marcha comenzó a las 12 de la mañana en la Avenida del Acueducto (frente a la iglesia de San Millán) para recorrer esta calle y llegar al Acueducto. Desde allí, se encaminó a la Plaza Mayor realizando varias paradas. Seguir leyendo

NIÑOS INVISIBLES

El sábado 5 de diciembre, la Asociación de Familias de Acogida de Segovia (AFASEGO) colocó una mesa informativa en la Calle Fernández Ladreda, con la finalidad de dar a conocer entre la población de Segovia el recurso del Acogimiento familiar.

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Desde ASEAF (Asociación Estatal de Acogimiento Familiar) se había realizado un acto reivindicativo coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, exigiendo a las administraciones que cumplan con la obligación de dar cobertura a uno de los derechos básicos de todo menor: vivir en familia.

Por diversos motivos, desde la asociación no pudimos realizarlo el día 20 de noviembre, pero el objetivo fue el mismo: dar visibilidad a los más de 13.000 niños y niñas que, a día de hoy, pasan su infancia y adolescencia en centros de protección.

Tras la mesa informativa, realizamos la lectura de un manifiesto y terminamos con una suelta de más de 200 globos blancos que representaban a esos menores que viven en centros.

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Queremos compartir con vosotros y vosotras el manifiesto que se leyó (es un poco largo, pero merece la pena leerlo):

“Buenos días,

Gracias a todos y todas por acompañarnos esta mañana en algo que creemos tan importante como dar visibilidad a los más de 13.000 menores que, a día de hoy, pasan su vida institucionalizados en centros de protección.

Nos gustaría compartir con vosotros y vosotras un texto de Jesús Palacios González, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla y autor de numerosos estudios sobre menores en protección, así como guías y documentación sobre acogimiento y adopción.

Este texto que leemos a continuación es parte de un escrito suyo más amplio titulado “Niños olvidados”

Casi todos los niños y las niñas encuentran en su familia la protección, el afecto y la estimulación que necesitan y a la que tienen derecho.

Según el siglo XX fue avanzando, los derechos infantiles fueron reconociéndose y haciéndose efectivos pero lamentablemente, existen también niños y niñas para los que la situación es muy diferente. Para ellos, su familia no es fuente de protección, sino de riesgo.

Cuando la familia abandona o maltrata, el Estado y sus instituciones tienen el deber de proteger. En algunos casos, la protección implica separar al menor de su familia temporal o permanentemente, según corresponda.

Nuestra legislación establece que cuando un menor ha de salir de su familia, la alternativa prioritaria debe ser otra familia, en acogida o en adopción, según el caso.

De acuerdo con la ley, las alternativas familiares deben ser siempre privilegiadas sobre las institucionales.

Existe una apabullante evidencia científica que muestra las graves desventajas de la institucionalización.

Y aunque es cierto que las instituciones para menores son cada vez mejores, no es menos verdad, que siguen siendo instituciones.

Los humanos estamos hechos de un material que en la infancia necesita dedicación individualizada, compromiso personal, presencia y disponibilidad habitual de buenas figuras de apego

Es por ello lógico que la ley dé clara prioridad a las alternativas familiares frente a las institucionales como mejor respuesta al supremo interés del menor.

Papel mojado, por desgracia.

Aunque las estadísticas españolas de protección de infancia son pobres,   se estima que unos 13.000 menores viven internos en instituciones de protección, mientras que aproximadamente 4.000 pasaron a acogimiento familiar o adopción nacional.

Es decir, que de los menores españoles necesitados de protección, las tres cuartas partes van a parar a instituciones (la alternativa sin duda menos recomendable) y solo la cuarta parte va a familias.

Pero este escándalo parece no quitar el sueño a nadie.

En los centros, los niños se vuelven invisibles.

Y en ellos (a veces peregrinando de uno a otro) pueden pasar muchos años de su infancia y adolescencia.

Y cuanto más tiempo pasan en ellos, menos fácil es encontrarles una alternativa familiar y más daño acumulan.

Por desgracia, son muchos los que entran pequeñitos y permanecen luego institucionalizados durante buena parte de su infancia, si no más.

La institucionalización de la infancia es la medida menos recomendable, pero la más fácil de gestionar. Es mucho más sencillo contratar a profesionales para centros que buscar familias adecuadas y apoyarlas eficazmente.

Pero lo más fácil para la Administración no siempre es lo más conveniente para los administrados. Cuando estos son niños y niñas que han tenido muy adversas experiencias familiares, y que lo que necesitan son vivencias reparadoras y terapéuticas, la institucionalización es sin duda lo menos deseable.

El riesgo vivido en la familia es sustituido por los riesgos inherentes a la institucionalización, que son tantos como bien documentados y que afectan sobre todo al desarrollo emocional y la salud mental, pero también al rendimiento escolar y la integración social presente y futura.

En la mayor parte de los casos, las instituciones no causan esos problemas, pero no sirven para resolverlos y con frecuencia contribuyen a agravarlos.

Habrá quien piense que, como suele ocurrir, lo mejor (acogimiento familiar o adopción) será mucho más caro que lo menos deseable (institucionalización).

Pero es justo lo contrario.

Un menor en un centro de protección español cuesta en torno a 3.000 euros al mes, frente a los 700 que puede implicar un acogimiento familiar. No hay que hacer acogimientos familiares porque sean más baratos, pero la alternativa menos deseable es, además, desproporcionadamente más cara.

Mucho mejor gastado estaría ese dinero en prestar un adecuado apoyo, tanto profesional como económico, a buenas familias acogedoras.

Los responsables de la protección infantil española (comunidades autónomas de todo color político) siempre encuentran excusas para mantener este estado de cosas.

Un gran pretexto es la falta de familias que se ofrezcan para acogimientos, cuando lo que realmente falta son campañas sistemáticas y eficaces para promoverlas, primero, y medios para hacer luego su experiencia satisfactoria y atractiva.

¿Cuántas familias saben que cerca de su casa hay niños y niñas que están en centros y que necesitan un hogar en el que recibir el beso de buenos días, la charla alrededor de la mesa sobre cómo ha ido la mañana en el colegio, el rato de juego por la tarde, la lectura al pie de la cama cuando el día termina, el abrazo cuando la herida duele?

Sobran excusas y falta compromiso.

Un compromiso claro, decidido y firme por una progresiva desinstitucionalización de nuestra infancia, con fecha puesta y empezando por los más pequeños.

¿O es que en un país tan solidario como España no hay de sobra familias dispuestas a que el año que viene fuera posible que ningún menor de tres años pasara una sola noche en un centro de acogida?

Y si eso se hiciera bien, ¿no habría al año siguiente familias suficientes para que ningún menor de seis años pusiera el pie en una institución?

Esas familias existen, existimos, pero hay que querer y saber buscarlas, atraerlas, prepararlas, apoyarlas y hacer que su experiencia sea satisfactoria. Para los niños y niñas implicados, sin duda lo será.”

En agosto de este 2015, entró en vigor la nueva Ley que modifica el sistema de protección a la infancia en nuestro país.

Esta ley supone un gran paso para el acogimiento familiar pero ahora corresponde a las Comunidades Autónomas adaptar su legislación a esta nueva ley.

Es el momento de demostrar que nuestra comunidad apuesta por el acogimiento familiar y exigir su compromiso, desde ya, para su efectivo cumplimiento.

Vivir en familia es un derecho de todo menor, y la administración tiene obligación de garantizarlo.

Acogimiento familiar como medida básica de protección para todos los menores:

         especialmente los menores de 6 años

         obligatoriamente para los menores de 3 años.

Prioridad de medidas estables frente a temporales, familiares frente a residenciales y consensuadas frente a impuestas.

Garantizar en todas las decisiones que se respeta, y se vela, por el Interés Superior del niño. 

Y es seguro, porque así lo avalan los expertos, que el supremo interés del menor no está en su institucionalización”.

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